Laura Flores propone que el ahorro del Congreso se convierta en obra pública para los 60 municipios
Tlaxcala, Tlax.— Que los recursos que deje de ejercer el Congreso del Estado se traduzcan en obras para las comunidades y no permanezcan sin un destino específico, es el objetivo de la iniciativa presentada por la diputada del PRD, Laura Yamili Flores Lozano.
La legisladora planteó crear el Fondo Estatal para la Infraestructura Municipal de Tlaxcala, mediante una reforma al Código Financiero del Estado y sus Municipios, con el propósito de canalizar los recursos derivados de la reducción presupuestal del Poder Legislativo hacia los 60 ayuntamientos.
La propuesta toma como referencia la reforma constitucional que establece que el presupuesto anual de los congresos estatales no deberá superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de cada entidad, disposición que en Tlaxcala será aplicable a partir de la próxima Legislatura.
De acuerdo con la iniciativa, la reducción presupuestal estimada para el Poder Legislativo representaría alrededor de 293 millones de pesos, recursos que Laura Flores plantea destinar de manera específica y transparente a infraestructura municipal.
“No se trata de generar un ahorro para que después nadie sepa dónde terminó ese dinero. Se trata de que ese recurso regrese a la gente en forma de obra pública”, plantea la iniciativa.
El fondo sería distribuido entre los 60 municipios bajo dos criterios: 50 por ciento de los recursos se repartiría en partes iguales y el 50 por ciento restante se asignaría conforme al número de habitantes de cada municipio, tomando como referencia el último censo del INEGI.
Con este esquema, cada Ayuntamiento tendría una cantidad base y los municipios con mayor población recibirían recursos adicionales en función de su número de habitantes.
La propuesta establece que el dinero deberá utilizarse exclusivamente en infraestructura pública, incluyendo agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural, caminos, calles, avenidas, carreteras y mantenimiento o rehabilitación de infraestructura.
Los recursos no podrían destinarse al pago de nómina, materiales, servicios generales, subsidios, donativos ni otros conceptos de gasto corriente de los ayuntamientos.
De aprobarse, los municipios ejercerían directamente los recursos en las obras que determinen como prioritarias, mientras que la Secretaría de Finanzas realizaría las ministraciones de manera mensual. En caso de retrasos, la iniciativa contempla el pago de intereses.
En materia de transparencia, se propone que la ciudadanía pueda consultar cuánto recibe cada municipio, qué obra se ejecutará, cuánto costará, dónde estará ubicada y quiénes serán sus beneficiarios.
Asimismo, los ayuntamientos tendrían la obligación de proporcionar información al Órgano de Fiscalización Superior y reintegrar los recursos que no hayan sido devengados al cierre del ejercicio fiscal.
Laura Flores argumentó que los municipios enfrentan limitaciones para financiar obra pública y que las necesidades de infraestructura son una demanda recurrente en las comunidades.
Por ello, señaló que la discusión sobre la reducción del presupuesto del Congreso también debe considerar qué ocurrirá con los recursos que se dejen de ejercer. Su iniciativa busca establecer desde la ley un mecanismo para que ese dinero tenga un destino definido, reglas de distribución y mecanismos de rendición de cuentas.
