Sandra Aguilar propone castigar con cárcel la explotación del trabajo infantil en Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax.— Con penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas, la diputada local Sandra Guadalupe Aguilar Vega propuso tipificar el delito de explotación del trabajo infantil en Tlaxcala, mediante una reforma al Código Penal estatal que busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a prácticas laborales que vulneren sus derechos.
La iniciativa, presentada durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, plantea adicionar el artículo 357 Bis para sancionar a quienes empleen, induzcan o permitan que menores de 18 años realicen actividades laborales mediante violencia, amenazas, engaños, sometimiento o aprovechándose de su condición de vulnerabilidad.
La propuesta también considera como conductas delictivas aquellas actividades que pongan en riesgo la salud o integridad de los menores, interfieran con su educación o impliquen que terceros dispongan indebidamente de los beneficios económicos obtenidos mediante su trabajo. Para estos casos, se contemplan sanciones de dos a cinco años de prisión, además de multas de 144 a 360 días.
El proyecto legislativo establece que las penas podrían incrementarse hasta en una mitad cuando el responsable tenga una relación de parentesco, tutela, custodia, cuidado o autoridad sobre la víctima y se aproveche de esa condición para cometer el delito.
Por otra parte, Sandra Aguilar propone adicionar el artículo 357 Ter para evitar que las actividades familiares, comunitarias, culturales, artesanales o relacionadas con la transmisión de conocimientos tradicionales sean consideradas automáticamente como explotación laboral. Para ello, deberán realizarse bajo condiciones que respeten la dignidad, integridad y derechos de las personas menores de edad, sin poner en riesgo su desarrollo ni afectar su formación educativa.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, donde será analizada y dictaminada antes de continuar con el proceso legislativo.
Con esta propuesta, la legisladora busca establecer una distinción legal entre las actividades que forman parte de la convivencia familiar y la preservación de tradiciones, y aquellas que representan una forma de explotación del trabajo infantil.
